El Ayuntamiento de Barcelona sanciona con 196.000 euros al propietario de una vivienda de protección oficial que la alquiló

El propietario de un piso de protección oficial de la Barceloneta deberá pagar 196.000 euros por no vivir en la vivienda que recibió ayudas públicas y alquilarla a un tercero (180.000 euros en concepto de multa y el resto como devolución de los alquileres cobrados). Esta sanción es la primera que se aplica tras el plan de inspecciones realizado por el Ayuntamiento de Barcelona en coordinación con la Agència de l’Habitatge de la Generalitat. De las 1.500 inspecciones realizadas se han tramitado otros 13 expedientes sancionadores aún abiertos. Aún queda por examinar la situación del resto de viviendas protegidas, hasta llegar a las 16.000 que conservan esta calificación en Barcelona.

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