La juez del 1-O rechaza procesar a los ex altos cargos del Govern y de TV3 por organización criminal

AGENCIAS

Saül Gordillo, Vicent Sanchís y Núria Llorach, en una comisión de control de la CCMA en el Parlament.

La juez que investiga los preparativos del 1-O ha descartado procesar por organización criminal a 28 de la treintena de investigados, entre ellos ex altos cargos del Govern, al entender que carecían de la «infraestructura adecuada par realizar un plan criminal» y que no les unía un «acuerdo asociativo duradero».

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona desestima el recurso de la Fiscalía, que pedía procesar por organización criminal a la mayoría de investigados por la logística del 1-O, y mantiene la fianza de 5,8 millones que impuso a los 17 acusados de malversación.

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O, ha descartado procesar por presunta organización criminal a 28 investigados en la causa, entre ellos el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; a los directores de TVC, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo; el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA, Martí Patxot, y a excargos del Diplocat.

Así, no ha aceptado esta petición formulada por la Fiscalía en un recurso de reforma al auto de procesamiento, en el que el Ministerio Público solicitaba procesar por organización criminal a cargos y excargos como el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo, el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga.

En su auto, la magistrada Alejandra Gil descarta finalmente procesar a la exsecretaria general de Gobernación Meritxell Masó; la exjefa del área de procesos electorales Montserrat Vidal y al consejero de la empresa Indugraff Josep Maria Gisbert, tal y como pedía la Fiscalía.

La Fiscalía de Barcelona había pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.

El Ministerio Público presentó un escrito en el mes de mayo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O, entre ellos a la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont. 

El ministerio público consideraba que la conducta de los procesados por organizar el referéndum «ha sido conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlament, se ha continuado con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades».

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